Hace ya cuatro años, el 12 de mayo de 2016, los gremios docentes y estudiantiles universitarios protagonizábamos una multitudinaria movilización en defensa de la educación pública, que marcó un hito en las luchas contra las políticas de ajuste del macrismo. Poco después nacía la Corriente 12 de mayo, que buscaba reivindicar ese hito como parte de una larga tradición contestataria de les docentes, no docentes y estudiantes universitaries en nuestro país, cuya premisa inclaudicable ha sido la defensa del derecho universal a la educación superior pública, gratuita y de calidad. Actualmente participamos en instancias gremiales como docentes e investigadores en Luján (UNLu), Buenos Aires (UBA), Tandil (UNICEN), General Sarmiento (UNGS), Rosario (UNR), entre otras.
En el marco de la emergencia sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, la vocación crítica de quienes hacemos la universidad pública cobra nueva actualidad. Desde los primeros días de la emergencia, las directivas de las universidades públicas orientaron las herramientas disponibles a “garantizar” la continuidad de los calendarios o, en su defecto, a priorizar la “oportuna” reprogramación. Colocando así la eficiencia y la productividad como objetivo destacado de la gestión universitaria (asimilando unas formas de reprogramación desesperada y cuidado de los “deadline” similares a los del mundo empresarial). Inesperadamente, la institución académica opera como portavoz del productivismo, que prioriza los resultados y el movimiento de las “máquinas” (les docentes) a pesar de cualquier contingencia.
Les docentes y los gremios advertimos desde el principio las consecuencias que este enfoque tendría en la calidad de la formación, en los sectores estudiantiles que no cuentan con la conectividad necesaria y en las condiciones laborales de les trabajadores de la educación. Estas consecuencias empiezan a ser visibles a más de un mes de la implementación de este modelo.
La cursada forzosa, guiada por un mandato de productividad que contradice el espíritu y la tradición histórica de la universidad pública, ha impedido un adecuado proceso de adaptación de la comunidad académica a los condicionamientos generados por el contexto. La mayoría de las instituciones no cuentan con las tecnologías, los protocolos, las herramientas de comunicación ni los materiales de capacitación del personal para programar instancias de evaluación virtual que garanticen su realización. Asimismo, muches de les estudiantes no cuentan con las herramientas tecnológicas, la conectividad necesaria y la capacitación mínima para apropiarse de los contenidos académicos y desarrollar su proceso de formación, mucho menos para cumplir con los parámetros de evaluación que establecen las instituciones
Los mecanismos de evaluación de la mayoría de las universidades no fueron diseñados para entornos virtuales y contextos de aislamiento. En muchos casos, las herramientas virtuales ni siquiera permiten la realización de actividades y prácticas clave para el desarrollo de la cursada y la apropiación de los contenidos, que solo son posibles en la instancia presencial.
Adicionalmente, las respuestas y soluciones generalizadoras atentan contra las características particulares de cada asignatura. Cada materia en cada universidad presenta un universo de saberes y metodologías heterogéneas. En muchos casos, el trabajo práctico presencial es un prerrequisito para la adquisición del conocimiento. En otros casos, las metodologías y formas de abordaje requieren una reestructuración para ser transferidas a formatos virtuales que garanticen la calidad de la formación. Una reestructuración que no es posible en los tiempos récord que pretenden las instituciones.
Ahora, las universidades por decisión y les docentes por obligación, nos encontramos resolviendo los problemas sobre la marcha. Ante las decisiones ya tomadas y la incertidumbre mundial por la ausencia de soluciones a largo plazo para el problema de la pandemia, nos enfrentamos a tres asuntos prioritarios a resolver:
1. ¿Cómo evaluar a les estudiantes que han cursado desde sus casas y se encuentran a la expectativa, atentes a decisiones concretas sobre mecanismos de evaluación?
2. ¿Cómo estructurar el segundo semestre de cursada con planes de contingencia ante los diferentes escenarios que puedan configurarse de acuerdo a la evolución de la pandemia?
3. ¿Cómo garantizar el pleno cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y el pleno cumplimiento de los derechos de les trabajadores, eliminando toda forma de precarización, sobreexplotación y formas de intimidación padecidas durante la pandemia?
Para lo primero, la respuesta continúa siendo la improvisación, la sobrecarga de trabajo sobre docentes y personal no docente (agravado por la invasión de los espacios domésticos), y las soluciones generalizadoras que equiparan a todas las disciplinas y niveles de formación.
En segundo lugar, ante una eventual extensión del aislamiento (al menos para el ámbito universitario) que afecte el segundo semestre, es prioritario:
- Diagnosticar la efectividad y la familiarización de las y los estudiantes con la plataforma usada durante el primer semestre de cursada por área o unidad académica.
-Diagnosticar los límites que el contexto de aislamiento impone a cada asignatura (incompatibilidades metodológicas, actividades y prácticas imposibilitadas por el aislamiento, horas de trabajo adicional que genera la enseñanza virtual en cada una).
-Diagnosticar, adicionalmente, todas las formas de precarización, sobreexplotación y sobrecarga de tareas y responsabilidades que experimentaron les docentes como consecuencia de las medidas implementadas con el criterio productivista descrito anteriormente.
Para hacerlo efectivo, es imprescindible contemplar en este diagnóstico la información recopilada por les docentes y los gremios sobre: a) las desigualdades que están sucediendo dentro de los equipos, sobretodo en relación a la carga horarias y dedicaciones que recaen sobre los auxiliares, b) el traslado a les docentes a cargo de las asignaturas de la responsabilidad total en casos de deserción o ruptura de la continuidad pedagógica, en situaciones que limitan la sola conservación del vínculo pedagógico c) el surgimiento de presiones adicionales asociadas a la decisión institucional de mantener la virtualidad a como dé lugar generando entre les docentes el temor a ser castigados o sufrir reproches luego de la evaluación de su desempeño en la virtualidad d) la disociación entre las exigencias institucionales y el escaso o nulo acceso a herramientas de capacitación y medios técnicos idóneas para docentes y estudiantes e) superposición entre horarios laborales y espacios domésticos que en muchos casos generan o agravan problemas familiares de diversa índole f) tendencia de varias instituciones a negar licencias extraordinarias e inadecuación de los sistemas de ART que no contemplan las características y requerimientos del nuevo escenario de trabajo g) otras formas de precarización que surjan durante el balance o que sean expuestos por les docentes y desde los espacios sindicales.
- Realizar una reestructuración de las asignaturas para adecuar las estrategias de dictado a los entornos digitales, según los requerimientos teórico-prácticos de cada una. Este objetivo solo puede ser cumplido con la participación directa de les docentes de cada materia y debe estar guiado por criterios pedagógicos (no por criterios administrativos).
- Capacitar a les docentes en comunicación virtual, administración de plataformas digitales y enseñanza en entornos virtuales.
En tercer lugar, ante la necesidad de proteger los derechos del personal docente exigimos a las autoridades gubernamentales locales y nacionales, así como a las diferentes instancias gremiales, los siguientes puntos:
- Articular de manera inmediata un ámbito de discusión paritario (local y nacional) para consensuar propuestas que garanticen los derechos consagrados en el CCT, teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo del personal docente han cambiado rotundamente como consecuencia de la emergencia.
- Activar los órganos de cogobierno de las universidades para garantizar que los trámites administrativos no se detengan con los debidos protocolos autorizados por el Ministerio de Salud o bien por vías virtuales.